Vinculación entre Turismo y Derecho
Por Gustavo Néstor Fernández
1. El vínculo entre el turismo y el derecho
El turismo es una de las actividades humanas más transversales, ya que está profundamente relacionado con diversas disciplinas como la economía, la geografía, la historia, la cultura, la religión y el medio ambiente. Estas múltiples conexiones convierten al turismo en un campo complejo que afecta a distintas áreas del conocimiento y la vida social. En este contexto, el turismo también tiene un impacto significativo en el ámbito jurídico, al interactuar con diferentes ramas del derecho que buscan regular su funcionamiento y sus efectos en la sociedad.
Desde una perspectiva jurídica, el turismo plantea una serie de desafíos que abarcan tanto el derecho privado como el derecho público. A pesar de su importancia, el derecho del turismo como rama independiente del derecho aún no ha alcanzado la madurez de otras disciplinas como el derecho comercial, civil o penal. Esto se debe a la naturaleza emergente y dinámica del turismo, que ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas. A medida que la industria turística se globaliza y sus complejidades se incrementan, también lo hace la necesidad de contar con un marco legal adecuado que responda a los desafíos particulares que plantea.
Una rama del derecho, para ser reconocida formalmente como tal, requiere un proceso de consolidación que puede durar varias décadas. Este proceso implica no solo la creación de un cuerpo normativo robusto, sino también un estudio riguroso por parte de la academia y la jurisprudencia. El derecho del turismo, a pesar de no haber alcanzado todavía ese nivel de consolidación, ha comenzado a desarrollarse a través de la regulación de diversas actividades y actores involucrados en la industria del turismo.
Las interacciones entre el turismo y el derecho son variadas. En muchos casos, el turismo está regulado por normativas provenientes de diferentes áreas del derecho, como el derecho de los contratos, que regula las relaciones entre turistas y proveedores de servicios, o el derecho internacional, que se ocupa de cuestiones relacionadas con los viajes transfronterizos, las visas y las políticas migratorias. Además, el derecho medioambiental juega un papel clave en la regulación de actividades turísticas que afectan al entorno natural, como el ecoturismo o el turismo de aventura.
Asimismo, la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito turístico ha ganado relevancia en los últimos años, especialmente en el contexto de la globalización y el comercio electrónico, que han transformado las formas en que los servicios turísticos son ofrecidos y adquiridos. La creciente importancia de los derechos del consumidor en el turismo ha impulsado la creación de marcos legales más robustos que protegen a los viajeros frente a posibles abusos o incumplimientos contractuales por parte de operadores turísticos, aerolíneas y hoteles.
A nivel internacional, organizaciones como la Organización Mundial del Turismo (OMT) han abogado por la creación de un marco jurídico internacional que regule de manera coherente y equitativa las actividades turísticas a nivel global. Este esfuerzo se ha traducido en la adopción de convenciones y tratados que buscan armonizar las legislaciones nacionales en materia de turismo, garantizando así un tratamiento equitativo tanto para los turistas como para los proveedores de servicios en diferentes países.
Así, entre los últimos logros de la OMT podemos señalar la redacción del Código Internacional para la Protección de los Turistas, adoptado en virtud de la resolución 732(XXIV) de la Asamblea General de ONU Turismo. El Código es una guía práctica para aquellos que, en el sector público o el privado, tienen obligaciones, responsabilidades, deberes y derechos en relación con los asuntos que aborda. Y como dice la propia OMT “La elaboración del Código Internacional para la Protección de los Turistas tiene por objeto apoyar la recuperación del sector turístico y restablecer la confianza mediante la preparación y armonización de unas normas mínimas y ofreciendo suficientes garantías para la protección de los turistas internacionales en el mundo después de la COVID-19”.
En resumen, aunque el derecho del turismo aún no ha alcanzado el estatus de una rama jurídica plenamente consolidada, su relevancia en la regulación de actividades que afectan tanto a los individuos como a los estados es innegable. A medida que el turismo continúa creciendo en importancia económica y social, es previsible que el marco legal que lo regula se vuelva cada vez más sofisticado y específico, lo que podría llevar eventualmente a su consolidación como una rama independiente del derecho.
2. Derecho privado y público en el turismo
El turismo tiene un doble vínculo jurídico que abarca tanto el derecho privado como el derecho público. En el ámbito del derecho privado, la relación jurídica se centra en los contratos establecidos entre los turistas y los proveedores de servicios turísticos, como agencias de viajes, operadores de paquetes turísticos, hoteles y aerolíneas. Estos contratos son ejemplos claros de relaciones de derecho privado, donde las partes acuerdan voluntariamente los términos y condiciones bajo los cuales se prestarán los servicios. En este contexto, el derecho contractual es fundamental para regular las obligaciones y derechos de las partes, así como para garantizar que los turistas reciban los servicios contratados en condiciones adecuadas y con las garantías previstas por la ley.
Además, el derecho del consumidor juega un rol central en la protección de los derechos de los turistas, siendo una rama del derecho privado que busca equilibrar la relación entre proveedores de servicios turísticos y consumidores. En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor (Ley N.º 24.240) establece las bases para proteger a los turistas como consumidores o usuarios, brindándoles mecanismos para exigir el cumplimiento de los servicios ofrecidos y reclamar en caso de incumplimientos o fraudes.
Por otro lado, en el ámbito del derecho público, el turismo está directamente vinculado con la legislación y las políticas estatales. El Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, se encarga de regular las actividades turísticas mediante normas de carácter administrativo, fiscal y medioambiental. Estas regulaciones no solo buscan promover y fomentar el turismo como actividad económica, sino también garantizar que se desarrolle de manera sostenible y en consonancia con los intereses del país y la protección de sus recursos.
En Argentina, el tratamiento del turismo desde el derecho público ha evolucionado significativamente. La estructura del ex Ministerio de Turismo ha experimentado cambios a lo largo de las décadas, reflejando la importancia creciente del sector en la economía nacional. Inicialmente, el turismo se gestionaba desde direcciones, secretarías o subsecretarías, pero con el paso del tiempo, y en reconocimiento de su relevancia estratégica, el turismo adquirió el estatus de ministerio. Hasta hace unos meses fue el Ministerio de Turismo y Deportes. Que no solo regulaba las actividades turísticas, sino que también diseñaba políticas públicas para su desarrollo, estableciendo las directrices a seguir para la promoción del turismo tanto a nivel nacional como internacional.
Hoy en día, al momento de escribir éstas líneas, el turismo ha vuelto a descender en la escala de prioridades de la actual Administración nacional, por lo que ha quedado con el rango de Subsecretaría. Es de esperar, que aún con menor rango dentro del organigrama del estado, se gestione con idoneidad y no se abandonen políticas de estado que son las que dan continuidad en el tiempo y logran los verdaderos resultados a mediano y largo plazo.
Ahora bien, la intervención estatal en el turismo implica la aplicación del derecho administrativo, donde las normas y reglamentos son emitidos por el poder ejecutivo, tanto a nivel nacional como provincial. Las normas administrativas regulan aspectos como las licencias de operadores turísticos, la clasificación de alojamientos, la seguridad en actividades turísticas, y la promoción de destinos, estableciendo un marco normativo que los actores privados deben respetar. Asimismo, en el ámbito del derecho público, las normas tributarias juegan un papel relevante, ya que el turismo genera una importante fuente de ingresos fiscales a través de impuestos al valor agregado (IVA), tasas turísticas y contribuciones específicas.
El Congreso Nacional, a través de la legislación federal, también desempeña un papel crucial en la regulación del turismo. Leyes como la Ley Nacional de Turismo (Ley N.º 25.997), promulgada en 2004, buscan establecer un marco general para la promoción y el desarrollo del turismo en todo el país. Esta ley fomenta la coordinación entre las provincias y la Nación para asegurar que las políticas turísticas sean consistentes y equitativas, y refuerza la importancia de la sustentabilidad en el desarrollo de la actividad turística.
Las provincias, en tanto, tienen autonomía para regular el turismo en sus territorios, siempre dentro de los parámetros generales establecidos por las leyes nacionales. Cada provincia puede promulgar sus propias leyes y regulaciones que se adapten a las particularidades de sus recursos turísticos y necesidades locales. Este modelo federal refuerza la complejidad de la regulación del turismo desde el derecho público, al tener que armonizar las políticas entre diferentes niveles de gobierno.
Por último, es importante destacar la interacción entre el derecho del turismo y otras áreas del derecho público, como el derecho ambiental, particularmente en un país como Argentina, donde muchas de las atracciones turísticas más importantes están relacionadas con la naturaleza. Las leyes ambientales, como la Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675), exigen que las actividades turísticas respeten principios de sustentabilidad y preservación de los ecosistemas, especialmente en áreas protegidas.
En conclusión, el vínculo entre el derecho público y el turismo en Argentina es fundamental para regular un sector que es vital tanto económica como culturalmente. A medida que el turismo sigue creciendo en importancia, el marco jurídic_o continuará evolucionando, buscando equilibrar la promoción del turismo con la protección de los derechos de los turistas y la preservación de los recursos nacionales.
3. El impacto económico y su relación con el marco jurídico
Si bien el enfoque principal del derecho en el turismo suele estar en la regulación de actividades y relaciones contractuales, no se puede ignorar el impacto económico que esta actividad genera y su profunda relación con el marco jurídico. El turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos y de mayor crecimiento en el mundo, representando una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB) en muchos países, incluidas economías emergentes como la de Argentina. Esta interrelación entre economía y derecho en el turismo se manifiesta en diversos niveles, desde la regulación de los servicios hasta las políticas fiscales y de promoción económica.
Una de las áreas donde el vínculo entre el turismo, la economía y el derecho es más evidente es en el transporte de personas, particularmente en el sector de las aerolíneas comerciales. Las aerolíneas son actores clave en el turismo internacional, y su operación está regulada por un complejo entramado normativo que incluye tratados internacionales, leyes nacionales y reglamentos locales. El derecho aeronáutico, por ejemplo, regula aspectos como los derechos de los pasajeros, las responsabilidades de las aerolíneas, y las normas de seguridad en los vuelos. Estas normativas son esenciales para asegurar la movilidad de turistas a nivel global y garantizar que las aerolíneas cumplan con estándares internacionales.
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la fragilidad de este sector y su importancia crítica para la economía global. Las restricciones de movilidad y las cuarentenas afectaron gravemente a las aerolíneas, que vieron una disminución drástica en la demanda de vuelos. Esto llevó a una crisis sin precedentes en la industria del turismo y el transporte aéreo, lo que forzó a muchos países a implementar paquetes de rescate financiero para evitar el colapso de este sector vital. En este contexto, el derecho desempeñó un papel crucial, ya que los Estados intervinieron a través de medidas de emergencia, como subvenciones, préstamos y reducciones fiscales, para garantizar la supervivencia de las aerolíneas y el restablecimiento de las cadenas de valor relacionadas con el turismo.
Además, la pandemia trajo consigo nuevas normativas en materia sanitaria y de seguridad que afectan directamente a la industria turística. Se implementaron protocolos de bioseguridad en aeropuertos, hoteles y otros establecimientos turísticos, y estas medidas fueron respaldadas por legislaciones tanto a nivel local como internacional. Este es un ejemplo claro de cómo el derecho responde a las nuevas realidades económicas y sanitarias que impactan directamente en el turismo.
En términos económicos, el turismo tiene un impacto amplio y diversificado que va más allá de las aerolíneas. Otros sectores clave como el hotelero, la restauración, el transporte terrestre, las agencias de viajes y los guías turísticos también están profundamente vinculados al derecho a través de regulaciones que buscan proteger tanto a los consumidores como a los trabajadores. Por ejemplo, en Argentina, el ex Ministerio de Trabajo (hoy Secretaría) ha establecido normativas específicas para los empleados del sector turístico, con el objetivo de garantizar sus derechos laborales y protegerlos de las fluctuaciones económicas que afectan al sector, especialmente durante crisis como la pandemia. La actividad de los trabajadores del sector del turismo está regulada en diversos Convenios Colectivos de Trabajo que les garantizan sus derechos laborales.
Por otro lado, desde una perspectiva más amplia, el turismo está relacionado con el derecho tributario y fiscal. En muchos países, el turismo es una fuente importante de ingresos fiscales a través de impuestos específicos, como la tasa turística que se aplica en varios destinos turísticos. En Argentina, el impuesto al valor agregado (IVA) se aplica a la mayoría de los servicios turísticos, y las exenciones fiscales para turistas extranjeros son un incentivo común para atraer más visitantes internacionales. Estas políticas fiscales requieren un marco normativo claro que permita a los gobiernos captar recursos sin desincentivar la llegada de turistas.
El derecho también juega un papel en la promoción del turismo como herramienta de desarrollo económico. Las políticas de promoción turística están diseñadas no solo para atraer turistas, sino también para desarrollar infraestructuras, mejorar la conectividad y garantizar que los beneficios económicos del turismo se distribuyan de manera equitativa en toda la población. En Argentina, las iniciativas del Estado para atraer inversiones en el sector turístico, a través de incentivos fiscales y facilidades administrativas, demuestran cómo la ley puede ser una herramienta fundamental para fomentar el crecimiento económico.
Finalmente, es importante destacar que el impacto económico del turismo no solo se mide en términos directos, como ingresos por alojamiento o transporte, sino también en su efecto multiplicador sobre otros sectores de la economía. Por ejemplo, el turismo rural y el ecoturismo promueven el desarrollo económico en áreas rurales, lo que a su vez genera empleo, mejora la infraestructura y fomenta la conservación del medio ambiente. Este tipo de turismo, que está cada vez más regulado bajo normativas de sostenibilidad y protección ambiental, muestra cómo el derecho puede orientar el desarrollo económico en una dirección sostenible.
En resumen, el impacto económico del turismo está íntimamente ligado al derecho en diversos niveles. Desde la regulación de los servicios hasta las políticas fiscales y las intervenciones estatales en momentos de crisis, el derecho es una herramienta esencial para garantizar que los beneficios económicos del turismo se distribuyan de manera justa y equitativa. A medida que el turismo continúa siendo un motor clave para el desarrollo económico, el marco jurídico deberá seguir adaptándose para abordar los desafíos y oportunidades que plantea este sector en constante evolución.
4. Definiendo el Derecho del Turismo
Ya en 2005, habíamos conceptualizado al Derecho del Turismo como el conjunto de relaciones y situaciones jurídicas que tienen su origen en la actividad turística. Esta definición incluye tanto las relaciones contractuales entre las partes involucradas en actividades turísticas, como las situaciones jurídicas que surgen de eventos o circunstancias ocurridos en el ámbito del turismo.
El derecho del turismo puede entenderse desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se lo puede considerar como aquel sector del derecho (aún no es una rama ) cuyo objeto de estudio es el conjunto de relaciones y situaciones jurídicas que tienen su origen en el contexto de la actividad turística. Esta perspectiva, que aborda cómo se estructuran y gestionan jurídicamente las interacciones entre los diferentes actores del turismo, tales como los prestadores de servicios, los consumidores y las autoridades reguladoras, se enmarca en el contexto de la ciencia jurídica.
En segundo lugar, el derecho del turismo también se lo puede definir como el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad turística en un momento y lugar específicos. Este enfoque atiende a una mirada desde el derecho positivo, y se refiere al cuerpo de leyes y regulaciones que están en vigor en un territorio determinado y que rigen las prácticas, los derechos y las obligaciones relacionados con el turismo. El derecho positivo en el ámbito del turismo abarca aspectos como la protección del consumidor, las normativas sobre seguridad y calidad, los derechos laborales de quienes trabajan en el sector turístico, y las regulaciones sobre la gestión ambiental y la preservación del patrimonio cultural, entre otros aspectos.
En resumen, el derecho del turismo no solo se enfoca en las relaciones jurídicas que surgen del turismo, sino también en el marco normativo que estructura y regula estas relaciones en un contexto específico. Esto proporciona un enfoque integral para entender y gestionar los múltiples aspectos legales asociados con la actividad turística.
5. Conclusión y perspectivas futuras
El derecho del turismo, como disciplina jurídica, continúa su proceso de evolución en respuesta a las transformaciones dinámicas del sector turístico a nivel global. A medida que el turismo se consolida como una de las actividades económicas más significativas y de mayor crecimiento a nivel mundial, la necesidad de un marco legal que lo regule de manera integral y efectiva se vuelve cada vez más imperativa. Este marco debe abordar no solo las complejidades inherentes a las relaciones contractuales y a la protección de los derechos de los consumidores, sino también los impactos sociales, económicos y ambientales derivados de las actividades turísticas.
La evolución del derecho del turismo está intrínsecamente vinculada a su capacidad para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado y a los retos emergentes en el sector. La expansión global del turismo ha puesto de relieve la necesidad de una regulación que contemple tanto los aspectos privados como públicos del sector, asegurando que las normativas reflejen las realidades contemporáneas.
El impacto económico del turismo es multifacético, abarcando desde la generación de empleo y la estimulación de economías locales hasta la inversión en infraestructura y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, estos beneficios deben ser balanceados con una regulación que garantice la protección del medio ambiente y el respeto por las comunidades locales, evitando problemas como el sobreturismo, teniendo presente cuál es la capacidad de carga de cada destino y cómo se deberá manejar, para no romper el delicado equilibrio existente entre, el disfrute del turista y la preservación del recurso.
Desde un punto de vista académico, es fundamental que se continúe investigando y analizando las implicancias legales del turismo para asegurar que la normativa no solo se adapte a la evolución de esta actividad, sino que también promueva un desarrollo turístico responsable y sostenible. Esto requiere una integración más profunda de enfoques interdisciplinarios que consideren las interacciones entre el derecho, la economía, la sociología, la demografía y la gestión ambiental.
Finalmente, el derecho del turismo, aunque aún en proceso de consolidación, representa un área de estudio de creciente relevancia. Su desarrollo y fortalecimiento son esenciales para abordar de manera efectiva los desafíos y oportunidades que presenta el turismo en el siglo XXI. La investigación continua y la actualización normativa serán clave para garantizar que el derecho al turismo evolucione de manera coherente con las necesidades sociales, económicas y ambientales del futuro.
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